Un tribunal anula recientemente la prohibición del culto en Suiza, considerada una de las medidas de restricción más amplias en Europa para reuniones religiosas públicas. La Cámara Constitucional del Cantón de Ginebra falló la orden luego que varios ciudadanos presentaron una denuncia judicial a la prohibición por parte de las autoridades locales como medida para prevenir la propagación del COVID-19. Además, indicó que la impugnación legal tenía muchas posibilidades de éxito y que las autoridades no demostraron que los lugares de culto fueran responsables de los brotes de coronavirus en el cantón.
El abogado que presentó el caso, Steve Alder, aseguró que el decreto de Ginebra era una de las prohibiciones más restrictivas para reuniones religiosas públicas en Europa, tras advertir que era discriminatoria, dado que la ciudad permitía que se llevaran a cabo otras reuniones públicas. «Hacer cumplir es una violación del derecho a la libertad de religión tal como está protegido en la Constitución suiza y por las normas internacionales de derechos humanos. Se dirige desproporcionadamente a las actividades de los grupos religiosos por encima de las actividades comerciales», afirmó Alder. El 27 de noviembre pasado, los líderes religiosos locales emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su «profundo pesar» por el hecho de que las autoridades locales no habían relajado las medidas que rigen el culto público.
La Iglesia católica en Ginebra precisó que tras la suspensión de la orden las Misas públicas se limitarían a 50 personas y respetarían las medidas para prevenir la transmisión del COVID-19 como el distanciamiento social y el uso de barbijos o cubrebocas. Jennifer Lea, asesora legal del grupo de derechos humanos ADF International, que apoyó la denuncia judicial, describió la suspensión como «un paso significativo en la dirección correcta». «La libertad religiosa es un derecho humano fundamental y los gobiernos que buscan restringirla tienen la carga de demostrar que la restricción es verdaderamente necesaria y que un enfoque menos restrictivo no funcionaría. Favorecer los establecimientos comerciales sobre los servicios religiosos no solo es discriminatorio, sino que ignora la sólida protección que existe en el derecho nacional e internacional para la libertad religiosa», ratificó.
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