La policía de Sri Lanka irrumpe recientemente en una iglesia de Ratnapura, en la provincia de Sabaragamuwa. Los agentes, durante la redada realizada el 27 de julio pasado en la parroquia en el centro-sur del país de Asia del Sur, indicaron que buscaban al padre Amila Jeewantha Peiris, una de las figuras más destacadas de las protestas en el país, golpeado por la crisis —que desencadenó manifestaciones—.
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Los defensores de los derechos humanos y los líderes eclesiásticos de Sri Lanka calificaron de «deplorable» la redada policial en Ratnapura. El hecho se produjo 2 días después de que un tribunal de Sri Lanka prohibiera al padre Peiris y a otras 5 personas salir del país por su presunta participación en «reuniones ilegales y daños a la propiedad pública» durante una manifestación de protesta en junio. «Pedimos encarecidamente al gobierno que respete las libertades del pueblo consagradas en la Constitución del país. Le recordamos que Sri Lanka es signatario de las convenciones de derechos humanos de la ONU», afirmó ‘Christian Solidarity Movement’, en un comunicado después que la policía de Sri Lanka irrumpe en una iglesia.
«Ante la violencia no provocada y los intentos ilegales de detener a estos manifestantes, utilizaremos todos los medios legítimos a nuestro alcance para que el país y los amigos de Sri Lanka en el extranjero sean conscientes de estas violaciones. El Estado de Sri Lanka y el presidente Wickremesinghe deben cesar inmediatamente los ataques contra los manifestantes y los autores de la violencia deben rendir cuentas», indicó la entidad. La Conferencia Episcopal de Sri Lanka también condenó el 23 de julio pasado el ataque a manifestantes civiles desarmados y a periodistas del día anterior, al aseverar que la supresión de los derechos humanos «exacerbará aún más los desórdenes y dañará la imagen del país en la comunidad internacional».
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