Iglesia en Pakistán celebra aumento de edad mínima para contraer matrimonio

La Comisión Nacional de Justicia y Paz, el organismo de la Iglesia católica en Pakistán que lucha por los derechos y las libertades, celebró que se eleve el límite de 16 a 18 años para contraer matrimonio. «Este proyecto ciertamente allanará el camino para la defensa y protección de nuestras jóvenes y menores de la práctica de la conversión y los matrimonios forzados», consideraron desde la Iglesia en el país.

Iglesia en Pakistán celebra aumento

La Comisión Nacional de Justicia y Paz (NCJP), el organismo de la Iglesia católica en Pakistán que lucha por los derechos y las libertades, celebró el aumento de edad mínima para contraer matrimonio, tras aprobarse recientemente la iniciativa en el Senado. El primer firmante de la ley fue el senador Kamran Micheal, de la Liga Musulmana de Pakistán, quien apoyó la enmienda del artículo 60 de la Ley de matrimonio cristiano de 1872 que aumenta en 2 años la edad mínima para contraer matrimonio.

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El proceso había comenzado el 24 de noviembre de 2022 cuando Naveed Amir Jeeva, del Pakistan Peoples Party Parliamentarians (PPPP), con el apoyo del NCJP, presentó un proyecto en el Parlamento que fija en 18 años la edad legal para contraer matrimonio para los jóvenes cristianos. Samson Shukardin, presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán y presidente de la NCJP, el padre Bernard Emmanuel, director nacional del NCJP, y el director ejecutivo Naeem Yousaf Gill, manifestaron su satisfacción por la aprobación de la ley.

«Esto contribuirá a frenar la tendencia al matrimonio precoz de las niñas menores de edad, sobre todo en las zonas rurales», sostuvieron. «Esta ley jugará un papel fundamental en la promoción de la inclusión y el respeto a la comunidad cristiana dentro de nuestro marco legislativo. Este proyecto ciertamente allanará el camino para la defensa y protección de nuestras jóvenes y menores de la práctica de la conversión y los matrimonios forzados», consideraron los responsables del NCJP, al exigir al gobierno que «continúe trabajando para hacer que la conversión forzada sea un delito penal».

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