‘INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO 2021’: ARGENTINA.
Por Jennifer Almendras.
Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El ‘Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021’ (ILR) indicó que el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina invoca «la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia». «El artículo 2 declara: ‘El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano’. El artículo 14 establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a ‘profesar libremente su culto’. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros de Congreso, tal y como apunta el artículo 73», precisó.
«Un acuerdo suscrito entre Argentina y la Santa Sede declara que el Estado argentino reconoce a la Iglesia católica y sus actividades en el país. Firmaron además un acuerdo sobre jurisdicción militar y asistencia pastoral religiosa en las Fuerzas Armadas. El Estado asigna fondos públicos a algunos miembros del clero católico. El artículo 128 (c) garantiza a los padres el derecho a tener en cuenta sus creencias religiosas al elegir colegio y universidad para sus hijos. El artículo 46 (c) del Código Civil y Comercial de la Nación especifica que la Iglesia católica es una entidad de derecho público», explicó el informe. Enfatizó que algunas festividades católicas son días de vacaciones oficiales y que los que profesan otros cultos pueden solicitar no trabajar en sus festividades.
Incidentes y evolución
Recordó que en agosto de 2018, después de que el Senado rechazara la iniciativa para legalizar el aborto, una coalición animó a los bautizados a renunciar a su fe. Mencionó distintos incidentes en el país. «En septiembre de 2018, estudiantes de Mendoza celebraron una reunión en la que decidieron retirar los símbolos religiosos y se llevaron la estatua de la Virgen María. En octubre de 2018, el gobierno de la provincia de Mendoza prohibió actividades y celebraciones religiosas en centros educativos públicos. También en octubre de 2018 se presentó un proyecto de ley para incluir los delitos contra la libertad de religión y culto en el Código Penal. Ese mismo mes, el gobierno argentino y la Iglesia católica se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un plan por el que el Estado dejará de ‘sostener el culto católico’», afirmó. Precisó que en noviembre de 2018, el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario aprobó la retirada de las imágenes religiosas de colegios y hospitales.
En cuanto a la situación del judaísmo, sostuvo que la Delegación de las Asociaciones Israelitas Argentinas registró 834 denuncias por antisemitismo en 2018. «El 25 de febrero de 2019, 5 individuos golpearon al gran rabino de Buenos Aires, Gabriel Davidovich, en su propia casa. Ese mismo mes, en la localidad de San Luis personas no identificadas profanaron un cementerio judío. En julio de 2019 se cumplieron 25 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires en el que murieron 85 personas. La comunidad judía y familiares de las víctimas denunciaron que aún no se habían producido detenciones ni se había hecho justicia. El 29 de septiembre, en vísperas del Rosh Hashaná, vándalos atacaron tumbas y destruyeron parte del muro de La Tablada, el cementerio judío más grande del país», aseguró.
Al recordar otros sucesos contra los católicos, precisó que en abril de 2019, un tribunal «respondió a un recurso de amparo solicitado por la exposición en un centro cultural público de una imagen llamada ‘la virgen abortera’», y posteriormente un juez ordenó la retirada de la imagen. «En octubre de 2019, manifestantes vinculadas con el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que se manifestaron en contra de la postura de la Iglesia católica ante el aborto, intentaron prender fuego a la catedral católica de La Plata y lanzaron piedras contra la policía y los fieles», enfatizó el ILR.
Afirmó que en noviembre de 2019 los resultados de la Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina mostró que «el 80% de la población cree en Dios y que creció el número de personas ‘sin religión’». «En noviembre de 2019, salió adelante el proyecto de ley para instituir el ‘Día de la Libertad Religiosa’. Ese mismo mes, se dio inicio en Buenos Aires de la ‘Noche de los Templos’; para la ocasión, los lugares de culto de varias religiones abrieron sus puertas. En noviembre se creó el Primer Consejo Argentino de Diálogo Interreligioso», precisó el informe. Indicó que a fines de 2020, el gobierno presentó un proyecto para legalizar el aborto, cuyo debate se inició en diciembre —y luego fue aprobado—. «En noviembre de 2020, la catedral católica de Nuestra Señora del Rosario, en Moreno, sufrió un ataque vandálico con pintura verde, color utilizado por el movimiento proaborto, en la víspera de una manifestación provida», explicó.
El mandatario Alberto Fernández impuso el aislamiento social obligatorio y prohibió los actos religiosos tras inicio de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020. «Sin embargo, los miembros del clero podían viajar para proporcionar atención espiritual. En mayo de 2020 se autorizaron las actividades religiosas individuales en lugares de culto, pero no ceremonias que implicasen reunión de personas. La Iglesia católica suspendió las misas y los Vía Crucis del Viernes Santo, así como la tradicional peregrinación a la Virgen de Luján. En junio de 2020, una iglesia evangélica de Santa Fe protestó por la decisión de permitir los servicios solo con un máximo de 10 personas. En septiembre de 2020, se cerraron la mayor parte de las oficinas de los registros civiles y se prohibieron las ceremonias de matrimonio religiosas. El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa manifestó su preocupación por la prohibición de las bodas afirmando que constituye una violación de la libertad religiosa», aseguró el ILR.
Futuro de la libertad religiosa
El informe precisó que en Argentina «por lo general, la libertad de religión se reconoce y respeta», tras mencionar que se presentó «un proyecto de ley para incluir los delitos contra la libertad de religión y culto en el Código Penal», pero aseveró en el período estudiado hubo «un claro incremento de los delitos de odio», de modo particular «las agresiones físicas contra representantes religiosos y fieles, y de los actos de vandalismo contra edificios y símbolos religiosos, especialmente contra cristianos y judíos».
«Los casos de prohibición de las actividades y celebraciones religiosas en centros educativos públicos por parte de las autoridades regionales, así como aquellos en los que se ha aprobado la retirada de imágenes religiosas de colegios y hospitales, indican un mayor menoscabo del espacio que debe ocupar la religión en la esfera pública», aseguró. Indicó que la pandemia demostró el escaso respeto de las autoridades al derecho fundamental a la libertad religiosa, por lo que «las perspectivas para el futuro de este derecho humano son negativas».
