Gobierno sandinista continúa persecución contra obispo Álvarez al acusarlo de «conspiración»

El gobierno de Nicaragua decretó el arresto domiciliario del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, tras acusarlo de «conspiración» y de propagar «noticias falsas», en los juzgados de Managua. Además, programó una audiencia inicial para el 10 de enero de 2023. Álvarez ya se encontraba bajo detención domiciliaria en la capital del país desde finales de agosto.

El gobierno sandinista de Nicaragua continúa su persecución contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, tras decretar oficialmente el arresto domiciliario del prelado y acusarlo de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses», tal como se informó en los juzgados de Managua, el martes 13 de diciembre. Álvarez ya se encontraba bajo detención domiciliaria en Managua desde finales de agosto sin ninguna acusación, luego de ser arrestado de su casa en Matagalpa, la cual estuvo cercada por policías durante 15 días.

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Las autoridades de Nicaragua presentaron cargos contra el prelado, después de casi 4 meses de su detención, que fueron leídos por una funcionaria judicial. Álvarez con rostro serio, vestido con camisa azul —circulan informaciones de que el gobierno le impidió vestirse de sacerdote—, sus manos entrecruzadas, escuchó las acusaciones en su contra. La Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua explicó que «en los Juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, se admitió acusación presentada por el Ministerio Público» contra el obispo de Matagalpa. Según informó el medio nicaragüense ‘El Confidencial’, con estos mismos cargos «la dictadura condenó a más de 40 presos políticos».

Precisó que a Álvarez, cuya persecución en su contra continúa por parte del gobierno sandinista, se la nombró un defensor de oficio, se le «decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023». En la misma causa se acusó al padre Uriel Antonio Vallejos, sacerdote que dirigía el Canal y Radio Católica de Sébaco —cerrado el 1 de agosto pasado— y que actualmente está exiliado. El organismo judicial declaró al padre Vallejos «prófugo de la justicia» y solicitó su captura a la Interpol. En los últimos meses, el gobierno de Daniel Ortega incrementó su persecución contra la Iglesia católica. Hubo arrestos y se produjo el exilio de varios sacerdotes, la expulsión del nuncio y de congregaciones religiosas, así como el cierre de varios medios de comunicación católicos.

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