La dictadura sandinista obliga a los católicos de Nicaragua a «practicar su fe en condiciones de clandestinidad», tras las torturas, encarcelamientos arbitrarios, destierro y desnacionalización contra la Iglesia católica, tal como lo reveló el informe ‘Crímenes de lesa humanidad contra las personas religiosas en Nicaragua’ del Colectivo Nicaragua Nunca Más, publicado en San José, Costa Rica, el jueves 24 de octubre.
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«Esta represión tiene un efecto devastador en la población creyente y en el tejido social de Nicaragua, que se ve obligado a practicar su fe en condiciones de clandestinidad», indicó el documento. «Practicar públicamente la fe en Nicaragua se convirtió en un acto de valentía», aseguró uno de los sacerdotes entrevistados por el Colectivo, dado que el régimen de Ortega prohíbe las procesiones y festividades religiosas en muchas partes del país.
🇳🇮 Al menos se han cometido cuatro crímenes de lesa humanidad contra religiosos y laicos en #Nicaragua, señala Salvador Marenco del @ColectivoNunca durante la presentación del 5to Boletin sobre libertad religiosa.
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— Expediente Público (@ExpePublico) October 25, 2024
El informe precisó que desde 2022 a la fecha se detuvieron arbitrariamente al menos a 74 personas religiosas y desterraron a 64 de ellos. «Desde 2022 a la fecha se detuvieron arbitrariamente a al menos 74 personas religiosas, incluyendo a los 11 pastores de Puerta de la Montaña ―evangélicos―, indicó el organismo, integrado por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José, en el quinto boletín sobre Libertad Religiosa en Nicaragua.
Explicó que de los 74 religiosos nicaragüenses que fueron detenidos y luego excarcelados y expulsados de Nicaragua, al menos 22 de ellos fueron despojados de su nacionalidad. Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.
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