Los obispos de Eritrea denuncian el cierre y la nacionalización de escuelas católicas por parte del gobierno, en una carta reciente dirigida al ministro de Educación, Semere Reesom, en la que también recordaron la incautación de clínicas católicas realizada por las autoridades, que limita gravemente los servicios de la Iglesia católica en el país de África Oriental. Además, aseveraron que a principios de 2018 se confiscaron escuelas secundarias de propiedad de la Iglesia.
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Suscríbase al boletín de VenL«Estamos profundamente entristecidos y dolidos por las medidas que el gobierno está tomando por la fuerza, arrebatándonos las instituciones educativas y sanitarias que legítimamente nos pertenecen», precisaron. «Se iniciaron los procedimientos para la confiscación o, en su defecto, el cierre de las instituciones educativas que nos quedan, desde los jardines de infancia hasta las escuelas primarias intermedias, repartidas por todo el país», sostuvieron los prelados, al precisar que además de las escuelas ya confiscadas, el Estado pretende nacionalizar o cerrar otras escuelas primarias católicas, entre ellas una en la eparquía de Barentu, 16 en la eparquía de Cheren y 2 en la archieparquía de Asmara. «Estas medidas violan en principio los derechos de la Iglesia y son abiertamente lesivas de los más elementales principios de justicia, negando a las familias la posibilidad de enviar a sus hijos a un colegio de su libre elección», alertaron los obispos de Eritrea, que denuncian el cierre y la nacionalización de escuelas católicas.
Enfatizaron que el cierre de instalaciones sanitarias y la nacionalización de otros centros de salud «que sirven al pueblo con una dedicación ejemplar y sin distinción de religión, etnia o grupo», fue justificado por el gobierno, con la excusa de que las instalaciones confiscadas «pertenecen al pueblo, y no a la Iglesia». Sostuvieron que esto es «una abierta distorsión de la verdad» para confundir a la gente. «Es justo y apropiado que denunciemos la indiscutible falsedad de la tergiversación mencionada. Las escuelas y clínicas confiscadas o cerradas, o destinadas a correr la misma suerte, son propiedad legítima de la Iglesia católica, construida, constituida y organizada en el interés supremo y exclusivo de servir a la población», ratificaron.
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