La justicia de España impide por segunda vez al ayuntamiento de Castellón el derribo de cruz situada en el parque de Ribalta. El primer derribo fue paralizado por la sala de los Contencioso nº 1 de Castellón en 2019, tras rechazar la decisión del consistorio de incluir un presupuesto de 80.000 euros para ese fin, luego de la intervención de la asociación Abogados Cristianos.
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La concejala de cultura en el ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz, que pertenece a Compromís anunció que se disponía a continuar el proceso contra la cruz, basándose en la supuesta legalidad que determina que el monumento es supuestamente «un vestigio de la exaltación franquista». «Como regidora con las competencias delegadas de Memoria Democrática, ordeno nuevamente la retirada del monumento a los caídos del Parque Ribalta», aseguró Ruiz, en esa oportunidad. Precisó de la retirada a la diócesis de Castellón y le propuso la cesión del monumento.
La cruz, sin embargo, se mantendrá en pie tras la paralización legal del proceso, puesto que la justicia de España impide su derribo, fundamentada en un estudio sobre el estado de conservación del monumento, que fue interpuesta por Abogados Cristianos. La organización avisó en el recurso al ayuntamiento de Castellón que de seguir adelante incurriría en un ataque a los católicos y advirtió de que «usará todos los recursos legales a su alcance para evitar la retirada de la cruz» por tratarse de un acto ilegal. Según sostuvieron fuentes cercanas al proceso a ‘Religión Confidencial’, «no parece que el decreto de Ruiz prospere antes de 2022», dado que es un año que va a estar caracterizado por ser un periodo preelectoral —las próximas elecciones serán las municipales de 2023—.
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