Un grupo de mapuches incendió hace unos días la cabaña de la diócesis de San Isidro en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, luego de tomar en abril pasado el predio recreativo de Hueche Ruca al que año tras año acuden miles de niños y adolescentes de colegios e instituciones católicas. La jurisdicción eclesiástica, a cargo del obispo Oscar Ojea, decidió denunciar por usurpación a este grupo de mapuches. En esa zona, los grupos mapuches realizaron tomas violentas que generaron diversas protesta de los vecinos tras la lamentable inacción del Estado argentino.
Fuentes del obispado confirmaron que realizaron la presentación judicial después que «el 1 de abril el predio fue ocupado por la comunidad ‘Lafken Winkul Mapu'» que decidió echar «a fines de julio al cuidador y prendieron fuego todo», tal como relató el administrador del lugar, Alejo Dasso, quien explicó que mapuches realizaron la quema de la cabaña de diócesis de San Isidro. El 29 de agosto pasado, unas 200 personas de la zona realizaron un banderazo en la ruta 40 por la serie de tomas de tierras. La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, denunció de forma insólita a los que protestaron contra la toma de tierras por supuesta «instigación a cometer delitos», «apología del crimen» y «asociación ilícita».
Frederic consideró que hubo señales de que podrían participar grupos violentos de esa movilización basándose en mensajes que circulaban en las redes sociales, pero la marcha de los vecinos fue pacífica y la actitud de Frederic generó el repudio de asistentes y de dirigentes de la oposición. El ex gobernador de Río Negro y actual senador nacional Alberto Weretilneck, aseveró que el grupo mapuche que reclama las tierras es «violento y extremo». «En la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas», consideró Weretilneck, pese a ser un aliado del gobierno de Alberto Fernández en la cámara alta.
