El gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, canceló de forma injustificada visados a sacerdotes extranjeros. La diócesis de Esteli, a cargo del obispo Abelardo Mata, precisó que las autoridades le retiraron la visa al sacerdote Luis Carrillo, de origen colombiano. Carrillo es uno de los 10 sacerdotes extranjeros que realizan su ministerio en esa diócesis que se encuentra al noroeste del país. Según Crux, son varios los sacerdotes que después de trabajar por décadas en Nicaragua se enfrentan a la deportación.
«Al padre Luis Carrillo, de origen colombiano, que actualmente es párroco de San Judas Tadeo, perteneciente a la diócesis de Estelí, le fue retirado el permiso de residencia en Nicaragua», lamentó la jurisdicción eclesiástica en Facebook, el 7 de septiembre pasado. Afirmó que el padre Carrillo sale «con la cabeza en alto, por la puerta principal de lo que fue su parroquia, sin más inconveniente que anunciar el Evangelio de la verdad y denunciar las injusticias». El caso del padre Carrillo no es único, dado que otros presbíteros se enfrentan a la deportación. Por otro lado, hay otros que reciben visitas periódicas de aliados del gobierno que monitorean el contenido de las homilías para informar a las autoridades. La diócesis de Estelí recibió diversos ataques. El domingo 6 de septiembre fue atacada la parroquia de Cristo Rey y profanada la ermita dedicada a Santo Domingo. Al día siguiente, el gobierno cerró el Instituto Técnico de Agricultura, una institución regentada por la Iglesia que ofrecía educación a decenas de jóvenes.
Algunos consideran que el ensañamiento con la diócesis se debe a que el obispo Mata es uno de los firmes críticos del régimen de Ortega. La publicación de Facebook que realizó la diócesis de Esteli para informar el caso del padre Luis Carrillo muestra una foto del presbítero con barbijo, lo que puede considerarse como un desafío al gobierno de Ortega que negó la existencia de la pandemia. La Iglesia en Nicaragua estableció centros de aislamientos para las personas que dieran positivo, pero Ortega ordenó su cierre. La Unidad Médica Nicaragüense denunció el miércoles 9 de septiembre que el Ejecutivo tiene una «política de represión» y «vigilancia extrema» contra los doctores para evitar que se filtren datos «reales» sobre el COVID-19, publicó ‘La Vanguardia’. Las cifras sobre la pandemia son motivo de discusiones en Nicaragua, dado que que el Ministerio de Salud reportó solamente 144 muertos y 4.818 casos confirmados.
