El cardenal y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, defiende la cruz y a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, al manifestarse en contra de ciertos aspectos de la llamada ‘Ley de Memoria Democrática’, después que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó el anteproyecto de la normativa con la que pretende «resignificar» el Valle de los Caídos, el martes 20 de julio.
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«No conocemos en detalle qué quiere hacer el Gobierno en el Valle de los Caídos, pero hay que recordar que la Iglesia, particularmente la comunidad benedictina allí presente, ha rezado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas. La cruz es símbolo de amor y entrega», indicó el cardenal Osoro, en un tuit en el que defiende la cruz y a los benedictinos. El texto en cuestión del gobierno declara la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y deroga el real decreto de la abadía de 1957, por lo que el gobierno deberá iniciar un proceso de negociación con la Iglesia para definir su futuro. El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, indicó que el destino de la Cruz del Valle de los Caídos se decidirá «en su momento» en un «proyecto concreto de resignificación».
No conocemos en detalle qué quiere hacer el Gobierno en el Valle de los Caídos, pero hay que recordar que la Iglesia, particularmente la comunidad benedictina allí presente, ha rezado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas. La cruz es símbolo de amor y entrega.
— Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) July 20, 2021
Bolaños indicó «la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión». Fuentes gubernamentales sostuvieron luego a ‘Europa Press’ que el gobierno no contempla la retirada de la cruz del Valle de los Caídos pese a la resignificación que se quiere dar al lugar con la nueva ley, pero lo que sí es dudoso es el futuro de la abadía, en la que actualmente están los monjes benedictinos, por lo que el Ejecutivo negociará con la Iglesia en el país. Pese a ello, como informó ‘OkDiario’, el gobierno de Sánchez no descarta su derribo —como exige Podemos— en el proyecto de «resignificación» que en el anteproyecto de la ley de Memoria Democrática reservaba para el conjunto monumental.
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