El arzobispo de La Paz, Percy Galván, aseveró «nos quieren amedrentar», después de que las autoridades solicitaron que los obispos de Bolivia que tuvieron participación durante 2019 en las reuniones de pacificación del país declaren sobre su papel durante la crisis política. La Procuraduría General del Estado de Bolivia solicitó que se tome declaración a 10 obispos en el marco del caso ‘Golpe I’, que investiga las implicaciones en el supuesto golpe de Estado de 2019. Entre ellos se encuentran Ricardo Centellas, entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB); Aurelio Pesoa, exsecretario general adjunto de la CEB; y Giovani Arana, obispo auxiliar de El Alto.
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Suscríbase al boletín de VenLReiteró la postura de la CEB «de estar siempre a disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema, el de nuestra participación como obispos y el de la participación de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles y críticos que le tocó vivir a nuestro país». «La Policía se había amotinado, el Ejército se había encuartelado, estábamos en una desprotección total. Algo teníamos que hacer. Nos quieren amedrentar, pero yo creo que es no conocer la naturaleza de la Iglesia», indicó el arzobispo de La Paz. «Nos dan más fortaleza, nos afirman en aquello que estamos haciendo con todo respeto y con todo cariño de nuestra Constitución, de nuestras leyes y de nuestras autoridades. Nosotros no vamos a actuar de ninguna manera en forma arbitraria», explicó el prelado.
«Sabemos el tema de la persecución. Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país, por motivos políticos, claro, con otros pretextos, se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado (…), y si eso se va a extender a la Iglesia, no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua, donde a un obispo lo han detenido porque no se ha querido acoger a la extradición. Ya somos curas viejos, nos han venido amenazando, persiguiendo. Esta historia ya es larga», aseveró Galván, quien explicó que «el hecho de ser religiosos no nos impide prestar cualquier declaración; no gozamos, como falsamente se entiende, de ningún privilegio». La CEB presentó en 2021 a Francisco y a la Fiscalía General del Estado un documento sobre su participación la crisis política. Los prelados explicaron las negociaciones en la Universidad Católica, antes de la asunción de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, y rechazaron toda acusación vinculada a «un supuesto golpe de Estado».
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