Franciscanos exigen a las autoridades federales, estatales y municipales que no quede en la impunidad el reciente asesinato del sacerdote mexicano Juan Antonio Orozco Alvarado, de 33 años, que quedó en medio del fuego cruzado entre grupos criminales rivales. Fray Juan Antonio pertenecía a la Misión Franciscana en Santa Lucía, una comunidad de dicho municipio donde era párroco. Falleció tras recibir al menos 8 impactos de bala, mientras manejaba una camioneta para ir a celebrar una Misa en la comunidad de Tepehuana de Pajaritos, Durango. Según indicó ‘Prensa CELAM’, las autoridades no descartan un ataque directo contra el sacerdote en medio de la confusión, hecho que deberán aclarar a partir de la investigación.
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Suscríbase al boletín de VenL «Repudiamos los hechos ocurridos el 12 de junio a las 11, cuando nuestro hermano fue privado de la vida en el fuego cruzado durante un enfrentamiento armado de los cárteles del crimen organizado que se encuentran en disputa por el territorio de aquella zona», aseveraron las Comisiones de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Familia Franciscana de México, Centroamérica y el Caribe, en un comunicado. La comunidad franciscana pidió políticas públicas que garanticen la seguridad de la población en general. Los franciscanos exigen una «cabal integración de la carpeta de investigación, en el que se asegure la correcta recolección de evidencia y la exhaustiva investigación de la escena del crimen para que no quede impune el asesinato», responsabilidad que corresponde a la Fiscalía General del Estado.
Los restos del presbítero fueron trasladados a Monclova, Coahuila, de donde era originario y en donde sintió el llamado a la vocación desde niño en las actividades de la parroquia de San Francisco de Asís, donde fue parte del coro. El arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz Jiménez, precisó que fortalecerán medidas preventivas para impedir que se repitan este tipo de situaciones. «Se trata de un hecho que consterna, es el deceso de un sacerdote de apenas 30 años de edad, que prestaba los servicios religiosos en una zona geográfica y socialmente complicada», afirmó, al denunciar que el asesinato del sacerdote «constituye un golpe muy fuerte para la familia presbiteral de Durango».
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