La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Grand Rapids, Michigan, exigió al Tribunal de Apelación del 6º Circuito que impida a la Fiscalía General del Estado utilizar la Ley de Derechos Civiles Elliott Larsen para obligarla a contratar empleados que rechacen las enseñanzas católicas sobre sexualidad y género o a cambiar al respecto también sus políticas respecto a los alumnos de su escuela parroquial. La comunidad parroquial solicitó que el tribunal de apelación anule la decisión de un tribunal inferior de desestimar su demanda. La batalla de algunos sectores de la Iglesia católica en defensa de la libertad religiosa en Estados Unidos contra los ataques que sufre por los estados y el gobierno federal enfrenta un nuevo capítulo en Michigan.
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Suscríbase al boletín de VenLLa demanda argumentó que podría ser objeto de un ataque basado en la reciente reinterpretación de la ley por parte del Tribunal Supremo de Michigan, a pesar que la oficina del fiscal general no emitió ninguna admonición legal ni presentó todavía ninguna denuncia contra la parroquia. La normativa existe desde 1977, pero en julio de 2022, el tribunal confirmó una interpretación de la ley realizada por la Comisión de Derechos Civiles de Michigan, según la cual la prohibición de discriminar por razón de sexo incluía también la discriminación por «orientación sexual o identidad de género». Otra institución que demanda al estado por la misma ley, ‘Christian Healthcare Centers’, también presentó un recurso ante el mismo tribunal de apelación después de que su demanda fuera desestimada. Ambas organizaciones están representadas por ‘Alliance Defending Freedom’ (ADF).
«Las autoridades de Michigan deberían respetar la libertad de las organizaciones religiosas, protegida por la Constitución, de seguir la misma fe que las motivó a servir a sus comunidades», afirmó John Bursch, abogado principal de ADF. «’Christian Healthcare Centers’, por ejemplo, debería ser libre de continuar ofreciendo su magnífica labor a las comunidades a las que sirve a través de su atención médica de bajo costo y alta calidad», sostuvo Bursch. «Y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús sirvió fielmente a las familias de Grand Rapids durante más de un siglo, siendo que su escuela ofrece un rico entorno académico y espiritual a cientos de niños. Esperamos que el 6º Circuito respete sus libertades protegidas por la Primera Enmienda para que puedan seguir sirviendo a sus comunidades sin ser sometidos ilegítimamente a una ley estatal que podría socavar su fe y su misión», precisó.
La parroquia explicó en su demanda que la nueva interpretación permitiría a la oficina del fiscal general etiquetar sus políticas de normas de conducta para los empleados de la parroquia y su escuela como «discriminación». La norma de conducta de la parroquia exige que los empleados crean, apoyen y modelen la fe, lo que incluye la adhesión a las enseñanzas católicas. Además de las prácticas de contratación, a la parroquia le preocupa que esta reinterpretación de la ley pueda impedir que la escuela defienda las enseñanzas católicas relacionadas con la atracción por personas del mismo sexo y la «transexualidad» si surge el problema con los alumnos. ‘Christian Healthcare Centers’ teme que la reinterpretación de esta ley pueda obligarles a contratar a personas que se nieguen a vivir según las enseñanzas cristianas sobre sexualidad y género. Además, teme verse obligado a facilitar «transiciones de género» a los pacientes y a utilizar pronombres que no coincidan con su identidad biológica.
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