Las autoridades de la Seguridad General en el paso fronterizo de Ras Naqoura, reservado a los clérigos y al cuerpo diplomático, detienen al arzobispo maronita de Haifa y Jerusalén, Moussa el-Hage, en la sede de la Seguridad General que se encuentra en el sur del Líbano, el lunes 18 de julio, cuando el prelado regresaba al país por tierra. Según precisó ‘Asia News’ «tanto el momento como el carácter inédito del caso dan la impresión de que Hizbulá quería enviar un mensaje al patriarca maronita Béchara Rai». El arzobispo maronita procedía de su sede episcopal de Haifa y fue detenido por la Seguridad General. A las 11.30 llegó al lugar escoltado, como es habitual, por un destacamento de la Fuerza Internacional de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas (FINUL).
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Suscríbase al boletín de VenL El prelado fue sometido a largas horas de interrogatorio sobre sus relaciones con la comunidad libanesa que se refugió en Israel tras la retirada del ejército israelí de la franja fronteriza que controlaba hasta mayo de 2000. El-Hage pudo continuar su viaje tras a la intervención del patriarca maronita y de las más altas autoridades judiciales del país. Aún así, fue citado a comparecer ante el tribunal militar el miércoles 20 de julio. Los guardias de Seguridad General confiscaron el pasaporte y el teléfono móvil del prelado, y le prohibieron viajar, según aseguraron fuentes confiables. Tras un registro de sus pertenencias, confiscaron el dinero que Moussa el-Hage había recibido de manos de los libaneses refugiados en Israel —unos 485.000 dólares—, y una gran cantidad de medicamentos que llevaba para sus familiares en Líbano. El vehículo donde viajaba el arzobispo maronita, a quien detienen en el Líbano, fue interceptado en virtud de una orden emitida por el juez de instrucción militar Fadi Akiki. Casado con la sobrina de Nabih Berry, presidente de la Cámara y líder del movimiento Amal, Akiki siguió el interrogatorio desde Beirut, de forma remota.
El obispo protestó contra la detención, tras reiterar que su misión era únicamente humanitaria y consistía en permitir que las familias separadas por la guerra se mantuvieran en contacto, con la esperanza de poder volver algún día al país y registrar los nacimientos de sus hijos. El jeque druso Akl Sami Aboul Mouna se contactó con el cardenal Rai para denunciar el incidente, puesto que una parte importante del dinero confiscado por la Seguridad General estaba destinada a las familias drusas. Rai decidió posponer su respuesta a este incidente sin precedentes, a la espera de la reunión del Sínodo maronita restringido, que se celebra el miércoles 20 de julio, frente a la de los hechos y tras escuchar el testimonio del obispo el-Hage. Para Bkerké, el incidente supone una grave desviación de las normas éticas que rigieron las relaciones entre el Estado libanés y la Iglesia maronita, y evidencia una preocupante deriva en el curso de la justicia. El patriarca maronita también habría pedido al obispo que no respondiera a la citación del tribunal militar. El hecho parece ser un asunto político, en un contexto en el que el cardenal Rai multiplica sus críticas a Hizbulá, al reiterar en que el próximo jefe de Estado tenga un perfil «por encima de los partidos».
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