Las comunidades cristianas de India repudian la reciente aprobación de la controvertida ley contra las conversiones en el estado de Karnataka, la cual que establece que cualquier persona puede denunciar una conversión forzada y es deber del defensor presentar las pruebas de que se actuó de buena fe. La Cámara Alta del Parlamento local estableció el 16 de septiembre pasado, a pesar del voto en contra de las principales fuerzas de la oposición al gobierno liderado por los nacionalistas hindúes, que las conversiones son posibles solo con un largo proceso burocrático y siempre que nadie plantee objeciones. La iniciativa ‘Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021’, más conocido como ley anticonversión, ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa de Karnataka en diciembre pasado.
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Suscríbase al boletín de VenLLa Iglesia católica en Karnataka precisó que «el contenido de esta norma sigue siendo amargo, brutal y perjudicial en su naturaleza», en un comunicado. «El arzobispo metropolitano Peter Machado, los obispos de Karnataka y todos los líderes cristianos y otros que apoyan el tejido no confesional de nuestra sociedad democrática trabajarán para presentar un recurso legal e impugnar esta ley en su totalidad. Dado que nuestra firme objeción ya fue presentada ante el Tribunal Supremo de la India y el Tribunal Superior de Karnataka y está siendo examinada, nos abstenemos de hacer más comentarios», aseveró, en un comunicado, dado que la aprobación de la norma de este tenor fue recibida con consternación por las comunidades cristianas locales de India que la repudian.
«La ley anticonversión de Karnataka, en vigor desde mayo con efecto retroactivo, contiene cláusulas draconianas para aterrorizar a los cristianos de Karnataka. No sólo la persona implicada, sino también sus padres, hermanos o hermanas, otra persona emparentada por sangre u otros lazos, puede presentar una denuncia por conversión forzosa, dejando así espacio para acosar a cualquier persona sin razón ni motivo. Y la pena es peor que la de un asesino: prisión por un período de tres años, que puede ser ampliado a cinco, con una multa de 25.000 rupias. Y en el caso de la conversión de un menor, una mujer o una persona perteneciente a las castas desfavorecidas, la pena puede llegar a los 10 años», indicó Sajan George, presidente del Global Council of Indian Christians (GCIC).
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