El cardenal y presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC), Charles Maung Bo, denuncia la «represión militar y brutalidad» en Birmania tras el golpe de Estado que depuso en febrero pasado al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Bo, que es también arzobispo de Rangún, publicó su mensaje al día siguiente de la Jornada Mundial de Oración por Myanmar, que propuso ‘Christian Solidarity Worldwide’, el miércoles 10 de marzo.
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Suscríbase al boletín de VenLEl prelado intenta mediar entre la junta militar, autora del golpe, la población y el partido ganador de las elecciones, la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi. Sin embargo, muchos fieles lo acusan de ser «demasiado neutral» en su actitud, mientras en el país aumenta el número de personas asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad. El cardenal Bo agradeció «desde el fondo de su corazón» a los que rezan por Birmania, tras considerar que el golpe de Estado hizo «retroceder» al país a «la represión militar, la brutalidad, la dictadura».
Sostuvo que la situación ahoga una vez más a la población en «un nuevo capítulo de oscuridad y sangre derramada, después de algunos años de democracia inicial, en los que hemos visto un poco de sol». El cardenal Bo, que denuncia la represión, recordó a los militares que «deben ocupar su lugar» al servicio del país y no como dueños del mismo, y deben «defender al pueblo, no matarlo». El prelado pidió que recen por el país, por la liberación de Suu Kyi y sus colaboradores, y también por el general Min Aung Hlaing, para que, como san Pablo, sea sacudido por la verdad.
El 1 de febrero pasado, la junta militar del país derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, a quien mantienen detenida, y decretó el estado de urgencia por un año. Se acusa a Suu Kyi de importar y utilizar de forma ilegal 6 radios walkie-talkie. El presidente depuesto Win Myint fue acusado de violar los protocolos para detener la propagación del COVID-19 durante la campaña de las elecciones de noviembre de 2020. A comienzos de marzo, Suu Kyi fue imputada de violación de la ley de telecomunicaciones y de «incitación al desorden público». Varios miles de personas se congregan en distintas ciudades de Birmania para condenar el golpe de Estado. El jueves 11 de marzo, la junta militar acusó a Suu Kyi de haber recibido sobornos por un monto de 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro. La Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania reportó que 40 periodistas fueron arrestados desde el comienzo del golpe de Estado, entre un total de 2.045 detenidos, de los cuales 1.726 continúan bajo custodia. Se reportan más de 70 muertos debido principalmente a los disparos de la policía y los soldados en las manifestaciones.
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