El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), presidido por Raúl Scialabba, aseveró que «la prohibición denota desprecio de lo que significa la libertad religiosa», al precisar su «preocupación y tristeza» por las nuevas limitaciones a la libertad religiosa que el gobierno de Alberto Fernández pretende imponer mediante el DNU 241/2021 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la pandemia de COVID-19.
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Repudió que las autoridades hayan dispuesto la prohibición total de las actividades religiosas en ámbitos cerrados en el AMBA «sin haber decretado el estado de sitio ni contar con la necesaria intervención del Congreso». «Esa prohibición absoluta carece de razonabilidad y de proporcionalidad. No está dirigida a reuniones masivas sino que abarca incluso acciones individuales, o con escasa cantidad de gente, y sin tomar en cuenta las dimensiones de los templos o lugares de culto que pueden permitir una adecuada distancia sanitaria entre los participantes».
El CALIR aseguró que «la prohibición denota cuanto menos un gran desconocimiento, y acaso un notable desprecio, de lo que significa la libertad religiosa como derecho fundamental de las personas y las comunidades». Reiteró que «la salud espiritual de las personas es tanto o más importante que la salud física», tras recordar que como bien se señaló «las actividades religiosas —que incluyen las celebraciones comunitarias, la asistencia individual, la oración, las celebraciones de bautismos, matrimonios y otros actos similares según cada tradición religiosa— no son solamente esenciales, sino vitales».
«Las comunidades religiosas han aprendido y son las primeras interesadas en cuidar la salud de sus miembros tomando las precauciones sanitarias pertinentes», enfatizó el CALIR, en una declaración firmada por Scialabba y el vicepresidente del Calir, Juan Navarro Floria. La entidad advirtió que «la prohibición de toda actividad, bajo amenaza de sanción penal, constituye una inaceptable violación de derechos humanos fundamentales».
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