El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir), presidido por Raúl Scialabba, aseveró que «la prohibición de las celebraciones de matrimonios implica una violación de la libertad religiosa y también del derecho a la vida familiar», al lamentar la persistente prohibición, extendida desde hace 6 meses por la pandemia de coronavirus, de la celebración de matrimonios. Pidió a las autoridades nacionales y provinciales finalizar esta «inaceptable restricción de derechos fundamentales, que coloca a la Argentina en la triste condición de país no respetuoso de los derechos humanos».
El Calir afirmó que «el derecho de casarse, como forma de dar inicio a una vida familiar, está expresamente reconocido por la Constitución Nacional (art.20) y por los tratados internacionales de derechos humanos». «Para los creyentes de muchas religiones el compromiso público que significa el matrimonio y su celebración o bendición religiosa, que para muchos es un sacramento, es la única forma lícita y moralmente aceptable de iniciar la vida en común. Los creyentes, como ciudadanos, desean formalizar el matrimonio civil. Para muchas confesiones ese acto es necesariamente previo a la bendición o celebración religiosa, por lo que el cierre de los Registros Civiles implica indirectamente esa vulneración a la libertad religiosa», aseguró la entidad.
«Adicionalmente, en buena parte del país están expresamente prohibidas por decisiones del Poder Ejecutivo Nacional y de autoridades provinciales e incluso municipales (claramente incompetentes para ello) los casamientos o matrimonios religiosos. La celebración de un matrimonio no supone necesariamente una aglomeración de personas o un peligro para la salud pública. En situaciones anómalas como las que vivimos entendemos la razonabilidad de limitar la cantidad de asistentes o imponer medidas de distanciamiento e higiene en miras al cuidado de la salud. Pero la prohibición absoluta de la celebración de matrimonios (lo mismo que la de otros actos religiosos, como bautismos) es claramente abusiva e inconstitucional», enfatizó el Calir, al lamentar la prohibición de las celebraciones de matrimonios
