Estado chileno condenado a indemnizar a parroquia saqueada e incendiada por izquierdistas

El 22° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar 76.754,82 unidades de fomento —unos 3.000.000 de euros— a la parroquia de la Asunción por «indemnización de perjuicio por falta de servicio» ante el «atentado a la libertad de culto» sufrido.

El Estado chileno fue condenado a indemnizar a la iglesia de la Asunción, una de las varias atacadas por encapuchados en la ‘zona cero’ de las manifestaciones, que se extendieron por meses desde octubre de 2019. El 22° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco de Chile a pagar 76.754,82 unidades de fomento —unos 3.000.000 de euros— a la parroquia de la Asunción por «indemnización de perjuicio por falta de servicio» ante el «atentado a la libertad de culto» sufrido. Los esfuerzos de los carabineros por mantener el orden fueron en muchos casos inútiles, desautorizados por el gobierno.

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La denuncia presentada por los responsables del templo indicó que el 8 de noviembre de 2019 «un grupo de delincuentes encapuchados ingresó a la fuerza al templo procediendo a llevar a cabo actos sacrílegos y a vandalizarlo, rayando muros, altares y pilares, entre otros, además, destruyeron obras de arte y el mobiliario del templo con el fin de hacer barricadas en el exterior, y sobre todo para mofarse de la fe religiosa, llevando a cabo actos sacrílegos como el descabezamiento de la Inmaculada Concepción y la destrucción de imágenes de otros santos».

Precisó que el 18 de octubre de 2020, «individuos con el rostro cubierto lanzaron bombas molotov y elementos incendiarios acelerantes y lograron iniciar un incendio de grandes proporciones que destruyó parte de la estructura del edificio», al causar «gran conmoción» en «la opinión pública nacional e internacional la caída de la torre rematada por una aguja con una cruz de hierro». La sentencia indicó que «las consecuencias sufridas en la parroquia de la Asunción aparecen como una consecuencia directa de la falta de protección y prevención en la labor estatal, o de la falta de servicio en que incurrió el Estado».

El fallo en primera instancia de la magistrada Lorena Cajas Villarroel, que podría ser apelado por el Consejo de Defensa del Estado, pudo constatar «el estado dañoso y ruinoso de la parroquia de la Asunción producto del saqueo e incendio ocurrido en dicho templo en el contexto de las manifestaciones por el ‘estallido social’», ante el cual «es posible afirmar que existió una falta de servicio del Estado en su labor de garante de la seguridad y el orden público».

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