El promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, pidió 7 años y 3 meses de prisión para el cardenal italiano Angelo Becciu, quien entre 2011 y 2018 ejerció como número dos de la Secretaría de Estado, por irregularidades financieras, el miércoles 26 de julio. Hace 2 años arrancó el juicio en el que se acusó a Becciu y otros 9 imputados —funcionarios vaticanos, financieros e intermediarios— por la gestión de los fondos del Vaticano. En total, Diddi solicitó 73 años y un mes de reclusión más penas de inhabilitación y multas.
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El juicio, el primero en el que se sienta en el banquillo de los acusados a un cardenal, fue suspendido por vacaciones hasta el 27 de septiembre próximo. Se espera que la sentencia llegue para finales de año. La acusación, presentada por el fiscal, se fundamenta en que la Secretaría de Estado, cuando Becciu era sustituto de Asuntos Generales, invirtió una importante suma en una operación especulativa para la compra de un edificio en Londres, que terminó en estafa y generó un agujero en las cuentas de la Santa Sede de entre 139 y 189.000.000 de euros.
Diddi exigió además la inhabilitación para siempre de cualquier cargo en el Vaticano y un resarcimiento a las partes civiles de 10.329 euros. Los otros imputados fueron acusados de malversación de fondos, estafa agravada, extorsión y blanqueo de capitales. Recibieron una petición de pena de entre 3 y 13 años de cárcel y entre 9.000 y 18.000 euros en multas. Becciu, a quien Francisco le retiró los derechos cardenalicios, negó todas las acusaciones. Su defensa afirmó que tanto Francisco como el secretario de Estado conocían las inversiones y transacciones financieras y las aprobaron.
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