La dictadura sandinista cerró la Asociación Casa Ave María, otra organización católica que operaba en el país desde hacía 33 años, tras revocarle la personería jurídica y ordenar la expropiación de sus bienes, como parte de su acción contra las entidades vinculadas de forma directa o indirecta a la Iglesia católica. La disolución fue firmada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch.
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Suscríbase al boletín de VenLLa Gobernación indicó que la ONG fue ilegalizada supuestamente por «incumplimiento de las leyes», debido a que su junta directiva había vencido el 9 de septiembre de 2022 y no reportó el estado financiero del período fiscal comprendido entre 2019 y 2022. Al referirse a la liquidación del patrimonio del organismo, explicó que le corresponderá proceder a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua.
Además de la Asociación Casa Ave María, el gobierno de Daniel Ortega ilegalizó y ordenó la expropiación de otras organizaciones católicas, entre ellas la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos y vestuario, y de la oración, y la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, que administraba un colegio religioso. Las relaciones del Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, entre otros.
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