Una ley contra el secreto de confesión entra en vigor en Australia Occidental desde el 1 de noviembre pasado, dado que los sacerdotes están legalmente obligados a transmitir toda la información sobre abuso que reciban, incluida la obtenida en el sacramento de la Reconciliación. Otros estados australianos ya aprobaron normativas parecidas que obligan a violar el sigilo sacramental. Victoria, Tasmania, Australia del Sur, Queensland y el Territorio de la Capital Australiana son algunos de ellos.
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La normativa establece que los presbíteros tendrán responsabilidad penal si no redactan un informe al conocer bajo secreto de confesión un abuso a menores. De este modo, la ley en Australia Occidental indicó que será considerado un delito y tendrá una pena máxima de 6.000 dólares australianos —3.800 euros—. En 2020, la Iglesia en Australia ya se pronunció sobre esta problemática, cuya ley contra el secreto de confesión entra en vigor. El arzobispo de Perth, Timothy Costelloe, defendió el secreto de confesión al calificarlo de «esencial para la fe católica».
Costelloe enfatizó que entendía que la gente estuviera consternada por su insistencia en defender el principio de la absoluta confidencialidad del sacramento, después de reconocer la «horrible historia» de los abusos en la Iglesia. «Los pecados no se confiesan al sacerdote, sino a Dios. El sacerdote, por lo tanto, no tiene derecho ni autoridad para revelar nada de lo que ocurre en este encuentro íntimo con Dios. Hacer ilegal la práctica libre de un aspecto esencial de la fe católica me parece que es algo que las sociedades seculares modernas tienen siempre entendido que está más allá de los límites de su autoridad», ratificó el prelado, al referirse al secreto de confesión.
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