Los obispos de Bolivia piden «la inmediata puesta en libertad» de la expresidenta Jeanine Áñez, quien fue arrestada en su domicilio en la madrugada del sábado 13 de marzo por orden de la Fiscalía bajo los cargos de conspiración, sedición y terrorismo por el caso ‘Golpe de Estado’. Los delitos de sedición y terrorismo conllevan penas de prisión de entre 5 y 20 años. La causa investiga los sucesos luego de las elecciones fraudulentas de 2019 y la posterior huida a México —previa supuesta injerencia militar— del entonces presidente Evo Morales y otros miembros del gabinete. Además de Ánez, emitieron órdenes de captura contra 5 de los exministros de exmandataria —los de Justicia y Energía ya fueron arrestados— y la cúpula militar que pidió la renuncia de Evo.
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Suscríbase al boletín de VenLLa Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) consideró que la actuación judicial se trata de «persecución política», por lo que solicitó «la inmediata puesta en libertad de los detenidos». «La detención y enjuiciamiento de la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez, junto a varios de sus ministros, políticos, policías y militares, sin tener en cuenta garantías mínimas constitucionales ni siquiera la presunción de inocencia, confirma la línea de actuación que, lamentablemente hemos visto en el sistema judicial, que deja impunes a unos y criminaliza a otros, dependiendo del poder político en cada momento», indicó. Los prelados del país andino sostuvieron que en Bolivia en 2019 no hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. «No se puede crear un relato falso de la historia, inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos», ratificaron.
Pidieron dejar atrás «la política de la revancha y el rencor», por lo que reclama una Justicia independiente y aboga por la búsqueda de soluciones que tengan en cuenta a todos «más allá de ideas políticas diferentes». Los hechos que se investigan están relacionados con las elecciones presidenciales de octubre de 2019, en las que el organismo competente proclamó vencedor a Evo en primera vuelta. El clamor popular frente al supuesto fraude obligó al exmandatario a aceptar una misión de la OEA para que verificase los resultados. El dictamen de la misión ratificó que hubo manipulación del sistema informático encargado del recuento, por lo que no podía avalar los resultados y había que «repetir las elecciones».
Tras la huida de Evo Morales y otros miembros del gabinete, y frente a la negativa a asumir el cargo del presidente de la Asamblea Nacional, del mismo partido de Morales, la Presidencia recayó de manera interina en Áñez, por ser segunda vicepresidenta del Senado, quien estuvo en el poder hasta octubre de 2020. Después de varios aplazamientos por la pandemia se celebraron los comicios aplazados en los que ganó el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) y actual presidente Luis Arce. Este permitió el retorno de Evo desde Argentina, en el que permaneció 11 meses tras ser recibido por el mandatario Alberto Fernández. «Se pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron el voto ciudadano y a la democracia mientras que presentan como víctimas a los autores del fraude», sostuvo el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Sergio Gualberti.
Comunicado de la Conferencia Episcopal de Bolivia en PDF.
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