El obispo auxiliar de La Plata y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral para la Salud, Alberto Bochatey, aseveró que «realmente sería muy miserable» que el gobierno de Alberto Fernández use el tema del aborto como una pantalla política, en una entrevista en Radio Grote. Lamentó que el mandatario insista en enviar al Congreso el proyecto de aborto legal en medio de la crisis sociosanitaria por la pandemia.
El prelado afirmó que es «tristísimo» que una legislación argentina promulgue una ley que implique matar a un ser humano. «Es claro que el presidente tiene un fuerte compromiso con algunos grupos y el lobby de los proaborto y realmente es una pena lo que él dice, que quiere cumplir una promesa de campaña, porque hay tantas que no se cumplieron, como los aumentos a los jubilados, que los están matando con estas nuevas normas. Me cuesta creer que usen el tema del aborto como una pantalla política, realmente sería muy miserable”, enfatizó.
El prelado recordó que Alberto Fernández ya «cumplió» su promesa tras anunciar el 12 de diciembre pasado —por boca de su ministro de Salud, Ginés González García— que el protocolo abortista se nacionalizaba junto con una fuerte campaña. «Prácticamente el 95% de las jurisdicciones nacionales ya adhirieron al protocolo. La pregunta es: ¿por qué insisten con la ley si el aborto ya se está realizando? De hecho, la Ciudad de Buenos Aires registró el año pasado más de 8.000 abortos y este año llevan más de 4.000. Sería la primera vez que legisladores argentinos, en democracia, promulguen una ley que implica matar a un ser humano. Es tristísimo, nunca tuvimos leyes para matar a nadie y ahora eso se va a aplicar a los niños por nacer», denunció.
Argumentó que la vida enseña que con asesinar seres humanos no se soluciona nada y cuestionó las cifras de las que hablan grupos proabortistas. Además, calificó de «discriminatorio» y «escandaloso» que haya quienes quieran imponer que los ciudadanos que son creyentes deben limitar su libertad de expresión y su libertad religiosa y no pueden dar su opinión. «¿Quién tiene la autoridad para decir que tal grupo, o los cristianos, o la misma Iglesia no pueden hablar ni ser escuchados? Esto es parte de un relato absolutamente discriminatorio pues, aunque un ciudadano o un grupo de ciudadanos no tengan una visión laicista, atea o agnóstica, tienen derecho a opinar. El INADI debería actuar de oficio para que no se discrimine por religión», ratificó Bochatey.
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