El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, pactó la expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos, tal como se indica en el texto firmado por la coalición del PSOE y Sumar, en el que también prevé que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política, que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil.
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«Desarrollaremos la Ley de Memoria Democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando la resignificación de Cuelgamuros y avanzando en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria», precisó el texto de ambas formaciones. Según la nueva ley de memoria, aprobada en 2022, se modifica la denominación del Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros, que será «un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer (…) las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se declara extinta «por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales». Está pendiente la aprobación de un real decreto por el que se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, precisó en enero pasado que no sería fácil expulsar a los monjes benedictinos. «Tendrán que ver cómo sortean nuestra realidad, porque nosotros estamos aquí por un convenio a dos partes, que no se puede romper unilateralmente», afirmó Cantera.
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