Los obispos y Caritas de Venezuela rechazaron «la violación de derechos y la privación de libertad de los trabajadores humanitarios de la organización ‘Acción Solidaria'», el lunes 7 de septiembre. Ese mismo día, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), conocidas como la ‘policía política’ del régimen de Nicolás Maduro, detuvieron a algunos trabajadores humanitarios, tras irrumpir en la sede de la ONG en Caracas. La entidad afectada se dedica a la distribución de medicamentos y asistencia médica a las personas afectadas por la grave crisis que padece el país desde hace tiempo.
Denunciaron el «poco transparente procedimiento aplicado al allanar la sede de esta ONG». «Estas acciones coartan la libertad operativa de los trabajadores humanitarios en el país y los colocan como objetivos de persecuciones y amedrentamiento. Solicitamos al Estado -como responsable de preservar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad humanitaria en todo el territorio nacional- en adelante no criminalizar las actividades inspiradas en los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario», solicitaron la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y Caritas de Venezuela en un comunicado.
Exigieron a las autoridades no «afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros servicios esenciales para la vida de más de 7.000.000 de personas vulnerables en el país». Los obispos y Caritas de Venezuela pidieron «total claridad» sobre la situación que afecta a ‘Acción Solidaria’, tras la privación de su libertad, y preocupa a todos los defensores de derechos humanos de Venezuela. El documento fue firmado por el presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la CEV, Roberto Lückert, y el cardenal y presidente de Caritas de Venezuela, Baltazar Porras.
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