Los obispos de Costa Rica rechazan la iniciativa contra el secreto de confesión, dado que el proyecto de Ley 23.928 se propone obligar a los sacerdotes revelar la información confiada en secreto de confesión, en caso de delitos contra menores de edad y personas con discapacidad.
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La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) indicó que esta ley, presentada por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, obligaría a los sacerdotes a «revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza», al afectar incluso los casos en los que «su única fuente de información sea dentro del sacramento de la confesión».
Los prelados aseveraron que esta medida es un «ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión», así como también, con ello se violaría «el principio de sigilo sacramental, un elemento fundamental de la confesión, donde el penitente se encuentra en un momento de absoluta privacidad frente a Dios».
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