Los obispos de Estados Unidos aseveraron que la libertad religiosa de la Iglesia está en juego, al denunciar las deficiencias en las normas federales propuestas, por la administración de Joe Biden, para abordar la supuesta discriminación contra las personas LGBT en los programas que reciben subvenciones federales del departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). La nueva política «protegería a las personas LGBTQI+ de la discriminación en programas de salud y servicios humanos» al «aclarar y reafirmar la prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en determinados estatutos» en la medida en que se aplican a los beneficiarios de subvenciones. HHS lanzó un Aviso de Propuesta de Reglamento (NPRM) a principios del verano.
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Suscríbase al boletín de VenLLa Oficina del Asesor General de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) aseveró que el NPRM reinterpreta ciertos estatutos federales de no discriminación de una manera que podría, en el funcionamiento de las organizaciones benéficas católicas, «crear conflictos entre los requisitos de la norma y la doctrina católica», en una carta publicada el martes 5 de septiembre. Reiteró que muchas organizaciones benéficas católicas ofrecen «refugios de emergencia para víctimas de violencia doméstica», algunos de los cuales están estructurados como entornos de un solo sexo. Explicó que las normas propuestas «posiblemente obligarían a alojar a hombres biológicos que se identifican como mujeres en instalaciones de un solo sexo», una política que violaría las enseñanzas católicas fundamentales sobre «la inmutable diferencia y dignidad entre hombres y mujeres».
«A cualquier organización benéfica que tenga baños o vestuarios separados para hombres y mujeres se le podría exigir que permitiera a los hombres utilizar las instalaciones para mujeres y viceversa», sostuvo la misiva del abogado de la USCCB, al precisar además que «a cualquier organización benéfica se le podría exigir que se dirigiera a un empleado o beneficiario por pronombres que no se correspondieran con su sexo biológico», al violar así las creencias católicas. Enfatizó que la norma impone «condiciones inconstitucionales a la participación en programas gubernamentales», lo que amenaza su «capacidad de llevar a cabo» obras de caridad católicas. Reiteró que que la Iglesia católica propugna la creencia en «un orden en el mundo natural que fue diseñado por su Creador».
Afirmó que si bien la política permite exenciones de conciencia religiosa, esas disposiciones están diseñadas de tal manera que invitan a «aplicaciones arbitrarias y caprichosas de las protecciones de la libertad religiosa». «Instamos al HHS a reconsiderar la reinterpretación del NPRM de esas disposiciones sobre discriminación sexual para incluir los requisitos de orientación sexual e identidad de género y a implementar una exención religiosa que respete adecuadamente los derechos estatutarios y constitucionales de las organizaciones benéficas religiosas», aseguró la carta. El Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que permitiría comentarios sobre la misma durante 60 días después del anuncio, plazo que se cerrará el lunes 11 de septiembre.
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