Nueva ley de Escocia impide rezar en voz alta en el hogar

El gobierno de Escocia decidió implementar la nueva legislación sobre «zonas de acceso seguras» en torno a los abortorios, por lo que se prohíbe actividades que «causen molestias» (sic) en las cercanías de esas clínicas. El director ejecutivo de la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos, Michael Robinson, aseveró que incluso mostrar versículos de la Biblia o rezar en una ventana visible desde la calle podría interpretarse como una infracción.

Una nueva ley de Escocia impide rezar en voz alta en el hogar, después que el gobierno decidió implementar la nueva legislación sobre «zonas de acceso seguras» en torno a los abortorios, por lo que se prohíbe actividades que «causen molestias» (sic) en las cercanías de esas clínicas. La Ley de Servicios de Aborto de 2024 establece «zonas de acceso seguras» de 200 metros alrededor de estos centros, dentro de las cuales cualquier acción que pueda generar incomodidad al personal médico o a los pacientes podría ser considerada delito, incluyendo las realizadas en domicilios particulares.

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Los residentes de estas áreas, como en una zona de Edimburgo, recibieron cartas advirtiéndoles sobre las posibles consecuencias legales si sus actividades, incluidas oraciones en casa, pueden ser vistas u oídas desde el exterior. Las autoridades precisaron que, aunque las infracciones suelen aplicarse en espacios públicos, las actividades privadas dentro de estas zonas también pueden ser penalizadas si se perciben como intencionadas o imprudentes. La medida alarmó a grupos provida y organizaciones religiosas, que temen que la oración, incluso en el ámbito privado, sea criminalizada.

La Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos (SPUC) aseveró que la legislación de «profundamente orwelliana». Su director ejecutivo, Michael Robinson, afirmó que incluso mostrar versículos de la Biblia o rezar en una ventana visible desde la calle podría interpretarse como una infracción. Activistas como Andrea Williams, directora de Christian Concern, denunció que estas medidas representan una grave violación de los derechos fundamentales.

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