El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) denuncia que la ‘Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia’, ya aprobada por la Cámara de Diputados, puede restringir la libertad religiosa en el país, en una reunión con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá, el lunes 28 de marzo, al manifestar su preocupación por el tratamiento de la misma en el Senado.
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Suscríbase al boletín de VenL Las autoridades del CALIR, acompañadas por su presidente Juan Navarro Floria, alertaron a Rodríguez Saá del modo en que está concebida la convención, lo cual puede convertirse en un instrumento para restringir de forma severa algunas libertades fundamentales, como la libertad religiosa, de expresión y de educación. «La convención crea e introduce un concepto novedoso, el de la ‘intolerancia’, equiparado al ya establecido de la discriminación; y lo hace en términos vagos e indeterminados. Crea un nuevo derecho humano, consistente en el derecho a ser protegido por el Estado de toda forma de intolerancia en el ámbito público o privado, según la percepción de cada grupo o individuo de sentirse víctima de ella», aseveró la entidad, en un documento.
En las sociedades en las cuales la libertad religiosa no sólo se proclama sino que también se vive, el respeto por todas las creencias es un pilar a cuidar y profundizar; dicha realidad es un signo del progreso hacia un desarrollo más pleno de los derechos fundamentales.
— CALIR (@InfoCalir) March 27, 2022
«Al mismo tiempo, determina que deban ser especialmente protegidas las personas o grupos que integran nuevas categorías hasta ahora no consideradas en otros instrumentos internacionales, como la orientación sexual, identidad o expresión de género, las ‘opiniones de cualquier naturaleza’, la condición migratoria, y otras», aseguró, tras reiterar que la convención obliga al Estado a «prevenir, eliminar, prohibir y sancionar lo que alguien considere una manifestación de intolerancia, por una variedad de medios que incluyen la prohibición de publicar opiniones en medios de comunicación, incluida Internet, la privación de financiamiento a quien sea considerado intolerante». «Un componente esencial de toda religión es la propuesta de unos principios morales y la exigencia a sus miembros de atenerse a ellos. La prédica, no solamente del dogma sino de la doctrina moral de cada religión debe poder hacerse con total libertad y sin temor a censuras o sanciones fundadas en la percepción subjetiva de personas o grupos de sentirse no tolerados», enfatizó el CALIR, que denuncia la convención que puede restringir la libertad religiosa, sobre la que ya se había pronunciado en octubre de 2021.
«Me parece entonces que deberían trabajar los asesores para armar una convocatoria de expertos y de quienes han manifestado su opinión contraria a este tratado para que expongan ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto», analiza Adolfo Rodríguez Saá
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) March 29, 2022
Sostuvo que «la convención no concilia de modo satisfactorio el loable objetivo de combatir las discriminaciones injustas con la garantía y protección de la libertad religiosa y de expresión, tal como ha sido advertido en otros países que han negado su aprobación», por lo que «no están dadas las condiciones para la aprobación de esta convención, máxime cuando no ha sido precedida por un debate amplio y abierto al respecto». Se solicitó a Rodríguez Saá que los legisladores suspendan la aprobación de esta convención y que previo debate, que hasta ahora no hubo, formulen las reservas y salvaguardas necesarias para evitar que la misma se convierta en una herramienta de censura, persecución y restricción de esos mismos derechos. Un día después de la entrevista y por votación unánime, la Comisión decidió que el tratamiento de la convención en cuestión vuelva a su seno para su análisis y debate, convocándose a expertos e interesados.
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