Régimen chino va a pagar a quienes denuncien actividades religiosas «ilegales»

El municipio chino de Zhumadian solicitó la «participación pública» en la lucha contra los actos «ilegales» en el ámbito de la religión, por lo que va a pagar entre 600 y 1.200 yuanes —unos 81 y 162 euros— a los informantes. Exigió a los espías que aporten «materiales audiovisuales que puedan probar los hechos denunciados». Si bien el decreto municipal no hace referencia a ninguna religión en particular, el 10% de los católicos chinos viven en Henan.

Régimen chino va a pagar
Foto: BBC.

La administración de asuntos religiosos de Zhumadian, Henan, va a pagar entre 600 y 1.200 yuanes —unos 81 y 162 euros— a los informantes que denuncien actividades religiosas «ilegales», tal como indicó un acta que se hizo pública en los últimos días, con fecha del 13 de marzo pasado. Anteriormente, las autoridades locales recurrieron a delatores a reprimir a las comunidades religiosas que consideran que no se ajustan a los dictados del Partido Comunista de China (PCCh), cuyas situaciones se dieron en Heilongjiang y Shandong en 2021, y en Fujian, Guangxi, Hebei, Liaoning y otra vez en Henan en 2019.

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El municipio de Zhumadian solicitó la «participación pública» en la lucha contra los actos ilegales en el ámbito de la religión, por lo que exigió a los espías que aporten «materiales audiovisuales que puedan probar los hechos denunciados». Si bien el decreto municipal no hace referencia a ninguna religión en particular, el 10% de los católicos chinos viven en Henan. Como en Fujian, la Iglesia local no oficial —clandestina—, que no reconoce a los organismos religiosos bajo control del Partido, es muy fuerte. Recientemente, las autoridades provinciales establecieron la obligación de que los creyentes de registrarse para poder asistir a los servicios religiosos.

El acuerdo China-Santa Sede sobre el nombramiento de obispos, firmado en 2018, y renovado en octubre de 2020 y 2022, no frenó la persecución de los católicos, especialmente de aquellos no oficiales. En Henan, hubo casos de cruces destruidas y arrancadas; dísticos religiosos de buenos deseos tapados o eliminados; chantajes a familias pobres que tuvieron que destruir imágenes sagradas en sus casas para recibir subsidios. Todas las actividades son parte de la política de Xi Jinping de «sinicización» de las religiones, en un clima de creciente opresión contra las religiones, como se puso de manifiesto durante la reciente sesión anual de la Asamblea Nacional Popular.

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