FILIPINAS: LIBERTAD RELIGIOSA.

Por Jennifer Almendras.

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva

El ‘Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021’ (ILR) indicó que «la Constitución actual de Filipinas, que entró en vigor en 1987, garantiza el libre ejercicio de la religión y asegura la separación entre la Iglesia y el Estado». «El preámbulo de la Constitución especifica que esta ha sido promulgada por ‘el pueblo filipino soberano’ que ‘impetra la ayuda de Dios Todopoderoso’. Después de que España cediera Filipinas a Estados Unidos en 1898, se adoptaron muchas ideas y prácticas culturales, incluido el sistema americano de separación entre la iglesia y el Estado. Según el artículo 2 —’Declaración de principios y principios de las políticas de Estado’—, sección 6, ‘la separación entre la Iglesia y el Estado será inviolable’», sostuvo.

«El cristianismo siempre ha ejercido una fuerte influencia en la cultura de Filipinas desde 1500, cuando los españoles comenzaron la colonización del archipiélago. A pesar de la separación constitucional entre Iglesia y Estado, la Iglesia católica conserva una posición de influencia en las políticas nacionales. Por ejemplo, la Iglesia católica es la que desarrolla desde hace tiempo el sistema educativo del país. La influencia de la Iglesia ha quedado reflejada en que el Gobierno permite la formación religiosa en la escuela pública con un consentimiento por escrito de los padres o tutores legales del alumno. En Mindanao, los seguidores del islam —llamados moros— conforman la mayoría de la población. Después de los tratados de paz firmados en 2018 entre el Gobierno de Filipinas y el Frente Islámico de Liberación Mora, Duterte rubricó la propuesta de la Ley Orgánica Bangsamoro. Ratificada en 2019, esta proposición de ley abolió formalmente la región autónoma en el Mindanao musulmán. La nueva ley otorgó más autonomía a la población mayoritariamente musulmana de la zona y un territorio algo más grande. El Gobierno reconoce y autoriza que los tribunales de sharía funcionen en Mindanao», explicó el ILR.

Incidentes y evolución

Explicó que «en enero de 2019, miembros del grupo rebelde islámico NAS extremista Abu Sayyaf, vinculado al Estado Islámico, participó en un atentado suicida durante una celebración religiosa en la catedral de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Jolo, provincia de Sulu. Murieron al menos 22 personas y más de 100 resultaron heridas». «El presidente del Frente Islámico de Liberación Mora y la jerarquía cristiana local condenaron el atentado contra la catedral de Jolo. El presidente Duterte mostraba su hostilidad hacia la Iglesia católica ya antes de ser elegido el 9 de mayo de 2016. A principios de mayo de 2015, declaró que la Iglesia católica ‘era la institución más hipócrita’», sostuvo el informe, tras enfatizar que «ese mismo año, cuando la campaña antidrogas estaba cogiendo fuerza y ya habían muerto cientos de personas, el presidente» insultó en fuertes términos a los miembros del clero por criticar su actuación en este ámbito.

«El presidente Duterte ha atacado a varios obispos de forma personal, usando un lenguaje gráfico y ofensivo. Aun así, Duterte sigue siendo muy popular, con un índice de aprobación del 91% entre los filipinos en octubre de 2020. En enero de 2020, la policía arrestó a dos combatientes de Abu Sayyaf encargados de llevar a cabo un atentado con bomba en una catedral católica de la provincia de Basilán. Ese mismo mes, en la ciudad de Davao, en Mindanao, hombres armados con cuchillos rodearon un refugio para tribus desplazadas dirigido por la Iglesia, derribaron una pared y ocuparon las instalaciones. También en febrero de 2020 un juzgado en Manila dictó órdenes de arresto contra dos sacerdotes católicos, un exsenador y otras ocho personas, cuatro de ellas obispos, acusados de conspirar para cometer sedición. Los dos sacerdotes negaron las acusaciones. El Departamento de Justicia concluyó que una acusación así contra cuatro obispos carecía de pruebas. Los dos sacerdotes, Flaviano Villanueva, misionero del Verbo Divino, y Albert Alejo, jesuita, comparecieron ante el tribunal en octubre de 2020 para declararse formalmente ‘no culpables’», afirmó.

Sostuvo que «en julio de 2020, se aprobó una ley antiterrorismo defendida por el presidente Duterte que le autoriza a encarcelar sospechosos sin cargos». «Aunque está dirigida a prevenir el ‘terrorismo’, a muchos defensores de los derechos humanos les preocupa que el Gobierno pueda usarla para desalentar el activismo al criminalizar la defensa de los derechos humanos básicos. La ley otorga plenos poderes a las fuerzas de seguridad —casi sin aprobación ni control judicial— para perseguir a los sospechosos, llevar a cabo hasta 90 días de vigilancia y escuchas telefónicas y realizar detenciones de hasta 24 días. La Conferencia Episcopal de Filipinas publicó una carta escrita por el obispo Broderick Pabillo denunciando con firmeza esta medida antiterrorista. Ante las críticas de los grupos cristianos contra el Gobierno, existe un peligro real e inminente de que el este utilice la nueva ley contra los representantes cristianos que se han mostrado críticos contra el presidente Duterte y su política. A pesar de las críticas del Gobierno, la Iglesia católica ha recibido elogios generalizados por el esfuerzo que realiza en el país y por la recaudación de fondos para ayudar a los necesitados durante la pandemia de la COVID-19. Muchas fundaciones de la Iglesia y grupos benéficos han impulsado campañas a nivel nacional para ayudar a amortiguar los efectos de la COVID-19 y se han coordinado de forma efectiva con las autoridades gubernamentales para ayudar», ratificó el ILR.

Futuro de la libertad religiosa

«A pesar de las garantías constitucionales para la libertad religiosa y de la separación entre la Iglesia y el Estado, el sistema de justicia penal, en virtud del artículo 133, permite proteger a determinados funcionarios, instituciones, prácticas, ideas y puntos de vista de la crítica y el debate públicos sobre cuestiones religiosas. Debido al dominio demográfico y cultural del catolicismo en Filipinas, los grupos religiosos minoritarios se sienten vulnerables al acoso judicial si expresan puntos de vista que la mayoría católica considera ofensiva. La administración del presidente Duterte ha presentado varios cambios relacionados directamente con la libertad religiosa. Mientras la Constitución garantiza la libertad religiosa, los últimos acontecimientos recientes y los incidentes violentos apuntan a una trayectoria problemática en los próximos años», aseguró.

El informe precisó que «la ley antiterrorista crea grandes problemas y allana el camino a posibles abusos legales por parte de personas con autoridad, es decir, del Gobierno de Duterte, contra quienes critiquen a las autoridades, incluidos los representantes de la Iglesia y los defensores de los derecho humanos apoyados por ella». «Las Iglesias y las organizaciones cristianas de Filipinas han criticado enérgicamente esta política y otras similares. Las agresiones verbales y legales realizadas por el presidente Duterte contra los líderes de la Iglesia siguen siendo una seria amenaza contra la libertad religiosa. Uno de los elementos fundamentales de esta libertad es que líderes y comunidades religiosas puedan contribuir libremente a las reflexiones públicas sobre el bien común, particularmente en defensa de los más vulnerables. Los cristianos y otros grupos minoritarios de Mindanao siguen siendo el objetivo de ataques violentos por parte de los grupos extremistas. A pesar de la ratificación y la promulgación de la Ley Orgánica Bangsamoro en 2019, sigue pareciendo difícil que en Mindanao se alcance una solución verdaderamente duradera e integral para el extremismo islamista violento y los actuales conflictos», enfatizó, al explicar que «todo ello constituye una amenaza para poder alcanzar en el futuro una libertad religiosa plena en esta inestable zona».

FILIPINAS: LIBERTAD RELIGIOSA.

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