Representantes de la Iglesia católica, junto a líderes protestantes, judíos y musulmanes en España rechazaron la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público presente en el Código Penal, en un comunicado conjunto reciente.
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«Como ciudadanos y creyentes, reivindicamos también el derecho de nuestros fieles a poder vivir la fe en un clima de respeto a los sentimientos religiosos, amparados por otros derechos también protegidos constitucionalmente, tales como el derecho a la libertad religiosa, libertad de conciencia y derecho a la dignidad e integridad moral», afirmaron las diferentes confesiones religiosas.
Enfatizaron que «estos derechos fundamentales no pueden prevalecer uno en detrimento de los otros, como si uno fuera absoluto y los demás relativos, todos son necesarios para sustentar la armonía de las libertades». Aseguraron que «la vulneración de la libertad religiosa conllevó también la censura de la libertad de expresión, por lo que la protección integral de la libertad religiosa es garantía para el ejercicio pleno» de este derecho.
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